Noticia de Contratación

En 2012, en pleno epicentro de la crisis y con las administraciones forzadas a aplicar duros recortes en el gasto público, el Gobierno de Andalucía aprobó la polémica subasta de fármacos, una medida que buscaba un ahorro considerable para la sanidad pública en la adquisición de los medicamentos con principio activo más demandado. El beneficiario sería el contribuyente, pero la medida, claro, irá en detrimento de las grandes farmacéuticas dispensadoras de medicinas, que se vieron obligadas a rebajar el coste de sus productos si querían vendérselos al Sistema Andaluz de Sanidad (SAS). Desde el principio la Junta planteó esta estrategia con ciertas dosis de demagogia, como un pulso entre los grandes lobbies farmacéuticos y los pacientes de la sanidad pública.

Pero no había duda de que se estaba zarandeado un negocio de un volumen considerable, de hecho, sólo cuatro de los 11 laboratorios que se presentaron a la primera puja y ganaron el concurso rubricaron finalmente el acuerdo con la Consejería de Salud. Fue un intento de las grandes firmas (Bayer, Sanofi, Abbott, Ranbaxy, UCB Pharma, Nycomed Pharma y Janssen Cilag) de boicotear la subasta, pero ésta se mantuvo en pie gracias al interés de los pequeños laboratorios. Aun así, el Gobierno central de Mariano Rajoy recurrió la subasta de fármacos andaluza ante el Tribunal Constitucional, acusando a la Junta de invadir las competencias del Estado y de romper el principio de igualdad de los españoles al acceso de medicamentos. El Constitucional paralizó cautelarmente la norma, pero al poco tiempo levantó la suspensión hasta que hubiera un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Éste llegó hace unos días: los jueces fallaron a favor de Andalucía, poniendo fin a cuatro años de litigio entre el Estado y el Gobierno andaluz.

Esta sentencia abre la puerta a que otras comunidades autónomas implanten el mismo sistema de compra de medicamentos, lo cual supondría un ahorro global de más de 1.500 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud, según un informe del Colegio de Médicos de España, en el que ahora se escuda el gabinete de Susana Díaz. No está claro que el Gobierno de Rajoy vaya a extender la subasta de fármacos, porque incluso tras la sentencia del Constitucional mantiene un pulso político con la Junta, rechazando abiertamente el modelo.

“Si se atreviera a dar ese paso”, explican desde la Consejería de Salud, “abriría un frente de confrontación con la poderosa industria farmacéutica, que factura cada año millones de euros en todo el país”. El sector (fabricantes y comercializadores de genéricos) ha perdido un 20% de ventas de unidades entre 2013 y 2016 en Andalucía, según fuentes del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el modelo no tardará en ser exportado, puesto que ya hay cuatro comunidades gobernadas por el PSOE que se han interesado por la subasta de fármacos, y prevén implantarlo a partir del próximo año.

El fallo del Constitucional ha sido un varapalo para las grandes farmacéuticas, pero también para el Gobierno central, que ha echado por tierra las críticas vertidas por el PP durante los últimos cuatro años. “La selección por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) a través de la correspondiente convocatoria pública de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud, catálogo y precios”, concluye el fallo. La sentencia niega, como denunció Rajoy y el PP, que la subasta de fármacos de Andalucía rompiese la igualdad de acceso de todos los españoles a las medicinas.
Riesgo de desabastecimiento

En diciembre de 2011, el Gobierno andaluz aprobó un decreto ley que regulaba un nuevo sistema de selección de medicamentos que se prescriben por principio activo y se dispensan en las farmacias andaluzas. Se trataba de un procedimiento de convocatorias públicas, transparente y abierto a la libre competencia, según el cual la Consejería de Salud convocaba las agrupaciones homogéneas o formulaciones de medicamentos definidas por el Ministerio de Sanidad, y las empresas interesadas ofertaba las aportaciones económicas que estarían dispuestas a aportar por cada envase de su presentación comercial que las farmacias dispensarían cuando las recetas fueran prescritas por principio activo.

No todas las farmacéuticas participaron, muchas de ellas se negaron a bajar el precio de sus fármacos para concurrir en la subasta al mejor postor. Las empresas debían hacer ofertas directas a cambio de que se les garantizase la exclusividad en la dispensación de sus productos durante el plazo establecido en la convocatoria (máximo dos años), sin que ello afectase o interfiriera en el precio de venta de los medicamentos (cuya fijación corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad), permaneciendo invariable tanto el importe que por su dispensación debía abonar el SAS a las oficinas de farmacia de Andalucía, a través de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, como las aportaciones de los beneficiarios de la prestación farmacéutica.

La subasta de medicamentos tenía dos objetivos claros: por un lado, que a los pacientes crónicos, cuando se les prescribiese un fármaco por principio activo, las farmacias siempre le dispensaran la misma presentación comercial, que sería la seleccionada por el SAS, con lo que se evitan los inconvenientes derivados de cambios en la presentación comercial. Por otro, que el destinatario del importante ingreso económico fuera el Sistema Sanitario Público, lo cual debía contribuir a la sostenibilidad del mismo. En febrero de 2012 se realizó la primera subasta. Desde entonces y hasta la fecha actual ha habido diez convocatorias que en total han producido un ahorro acumulado aproximado de 413 millones de euros. Sólo en este año se van a ahorrar 140 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Salud.

El Ejecutivo central obstaculizó la puesta en marcha de este sistema, recurriéndolo dos veces ante el Tribunal Constitucional y planteando contra ella numerosos recursos y procedimientos judiciales por la vía contencioso-administrativa, que sin embargo no consiguieron paralizarla. En paralelo, a pesar de las continuas críticas públicas, el Ministerio de Salud quiso implantar un mecanismo similar a la selección pública de medicamentos de Andalucía que, bajo la denominación “Sistema de Precios Seleccionados”, según la Junta “perseguía los mismos objetivos de eficiencia que la medida andaluza”.

El fallo del Constitucional ha terminado con el litigio judicial, pero no con la confrontación política. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, insiste en que la subasta de fármacos de Andalucía genera “desabastecimiento, reduce la calidad de la prestación farmacéutica y genera inequidades en el Sistema Nacional de Salud (SNS) convirtiendo a los andaluces en pacientes de segunda”. Estas palabras han indignado a la presienta de la Junta, Susana Díaz, que acusa a la ministra de persistir en la “sinrazón”, dejando caer que el Gobierno de Rajoy está sujeto a compromisos con la industria farmacéutica que no es capaz de romper ni cuando los jueces le retiran la razón.

En el mismo sentido se ha expresado la patronal del sector (Farmaindustria), que ha alertado de los riesgos de seleccionar un solo proveedor ya que, según han constatado en estos últimos cuatro años de aplicación en Andalucía, “en muchas ocasiones los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de suministro” con el consiguiente riesgo de desabastecimiento de medicamentos.

La Junta de Andalucía defendió hasta el final el “uso racional del medicamento”. Algunas empresas farmacéuticas cuestionaron la eficiencia del método, argumentando que al abaratar el coste de los fármacos, se optaba por el producto menos eficaz para el paciente. Sin embargo, todos los medicamentos seleccionados cuentan con la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los laboratorios adjudicatarios están obligados a garantizar el abastecimiento pactado con el Gobierno andaluz. La Agencia Española del Medicamento publica un listado de los medicamentos en desabastecimiento. Con fecha del pasado 6 de octubre, esta publicación incluía 188 fármacos en desabastecimiento a nivel nacional y ninguno de ellos ha sido seleccionado por el SAS para su subasta de fármacos.